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Recortes de prensa : Día Internacional del Agua
el 22/3/2007 8:00:00
Recortes de prensa

Hoy es el Día Internacional del Agua, a través de estas tres noticias queremos dar un reflejo de por donde irán los caudales de nuestros ríos.

El Gobierno cede parte de la gestión de los ríos, pero mantiene el control

La reforma de la Ley de Aguas fue presentada ayer por el director general del Agua del Ministerio de Medio Ambiente, Jaime Palop. La reforma abre la puerta a una mayor participación de las comunidades en el control de los ríos. De hecho, la ley cede parte de ese poder a las autonomías, pero no de forma total. La última palabra siempre la tendrá la Administración General del Estado, que poseerá mayoría absoluta en el comité que tomará las decisiones.

Esta reforma de la Ley de Aguas será presentada hoy a las comunidades autónomas en la conferencia sectorial. U la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, ha anunciado que, si la agenda se cumple, llegará en abril al Congreso de los Diputados, con el fin de que entre en vigor en esta legislatura.

Gestión de los recursos
La ley introduce algunas modificaciones en la forma en que se van a gestionar nuestros recursos hídricos. Para empezar, establece la creación del Comité de Autoridades Competentes. Éste será un órgano superior que coordine las diferentes demarcaciones hidrográficas, como pasarán a denominarse las actuales conferencias hidrográficas. En ese Comité, la Administración General del Estado se reserva la mitad más uno del número de sus miembros, mientras que las comunidades cuyo territorio formen parte total o parcialmente de la demarcación hidrográfica, tendrán cada una un representante. Pero su voto se ponderará entre 0,10 y 1, en función de la superficie y la población y mediante una fórmula que aún no se ha desarrollado. Los ayuntamientos también tendrán representación.

Además, el Ministerio de Medio Ambiente mantiene que todos los españoles tendrán derecho a 60 litros de agua potable por habitante y día, con una calidad adecuada, e independientemente de su capacidad económica. Y los poderes públicos están obligados a garantizar ese suministro.

El actual Consejo Nacional del Agua cambiará también en su composición. A partir de la entrada en vigor de esta reforma, las asociaciones y organizaciones en defensa del medio ambiente y científicas tendrán en él voz y voto.

Las infraestructuras hidráulicas repartidas por toda la geografía son objeto de atención. La nueva ley quiere solucionar un problema pendiente: la seguridad jurídica de presas (hay 1.300 en el país) y embalses. Con ese fin, por ejemplo, todas las presas de una altura mayor a cinco metros o con más capacidad de 100.000 metros cúbicos, ya sean privadas o públicas, tendrán que registrarse. Eso costará 300 euros. También pagarán otra tasa por controlar y vigilar su seguridad.
Además de estas nuevas tarifas aparecerá otra que gravará las labores de gestión, registro, control e inspección de los usos del agua, tanto superficiales como subterráneas, desaladas o reutilizadas. Esta tasa tratará de recuperar el coste de la prestación de esos servicios y oscilará en torno a los 0,2 euros por cada 1.000 metros cúbicos.

El presidente de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore), Andrés del Campo, advirtió de que esa nueva tasa que incorpora el borrador de reforma de la Ley de Aguas supondrá un coste de más de 30 millones de euros para el regadío español el primer año.

ABC



Los regantes rechazan la "ecotasa" que se creará con la Ley de Aguas
 

Los Gobiernos regionales tendrán representantes en la gestión de las cuencas de forma proporcional a su población

El presidente de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore), Andrés del Campo, advirtió ayer que la nueva "tasa por prestación de servicios de gestión, registro, control e inspección de los usos del agua", que incorpora el borrador de reforma de la Ley de Aguas supondrá un coste anual de más de 30 millones de euros para el regadío español el primer año. Fenacore considera que esta nueva denominación es un "eufemismo" para rescatar la "controvertida 'ecotasa'", la cual rechazan.

Del Campo criticó la propuesta del ministerio de Medio Ambiente, incluida en el proyecto de Ley de Aguas, de gravar a los regantes con un nuevo canon de 0,0002 euros por metro cúbico de agua consumido al año, cuando, en realidad, esta tasa ya está incluida dentro de los costes del organismo de cuenca, presentada ayer en la reunión de Madrid del Consejo Nacional del Agua.

El borrador presentado por el Gobierno central sostiene que la nueva de Ley de Aguas cederá a las Autonomías una parte del control de los ríos al reservarles un representante en los máximos órganos de dirección de las futuras demarcaciones hidrográficas, que el Estado controlará para jugar un papel "claro" de arbitraje en los conflictos interterritoriales. De esta forma, Murcia tendrá representantes, en función de su población en la cuenca del Segura, y también en la del Guadalquivir. 

     Así lo manifestó el director general del Agua del Ministerio de Medio Ambiente, Jaime Palop, en una rueda de prensa en la que explicó el borrador de la nueva Ley de Aguas, que el Gobierno someterá mañana al debate de las Comunidades Autónomas en la Conferencia Sectorial, y que pretende ser "una herramienta para la sociedad del nuevo milenio".

     La ley garantiza que "nadie en España padezca el no tener agua que le permita llevar una vida digna", por lo se establece un suministro de agua potable de calidad mínimo de 60 litros por habitante y día, dijo.

     El borrador establece la creación del Comité de Autoridades Competentes, que es el órgano superior de dirección y cooperación de las demarcaciones hidrográficas, que es como se van a llamar las actuales Confederaciones Hidrográficas.

     El Estado tendrá la mitad más uno del número total de sus miembros, mientras que las comunidades autónomas, cuyo territorio forme parte total o parcialmente de la demarcación hidrográfica, tendrán cada una un representante, pero su voto se ponderará, entre 0,10 y 1, en función de la superficie y la población, mediante una fórmula aun no desarrollada.

     También las corporaciones locales tendrán un representante en esos comités.

     En atención a las labores de gestión, registro, control e inspección de los usos del agua, tanto superficiales como subterráneas, desaladas o reutilizadas, se crea una tasa para recuperar el coste de la prestación de ese servicio, que oscilará desde los 0,2 euros por cada 1.000 metros cúbicos.

     Palop explicó que así se dará respuesta a la situación actual por la que "estamos pagando todos los españoles vía impuestos y algunas personas estén obteniendo beneficios de un agua que es de todos".

     La nueva ley pretende resolver el problema de la seguridad jurídica de las más de 1.300 grandes presas que hay en España, para lo cual se establece la obligación de registrar todas aquellas que tengan más de cinco metros de altura o una capacidad de más de 100.000 metros cúbicos, ya sean privadas o públicas.

     Se crea una tasa por clasificación y registro de 300 euros y otra por las actividades de control y vigilancia de la seguridad de la presa.

     Palop matizó, que al margen de esas nuevas tasas, se mantiene el entramado que ya existe de tarifas, salvo las referidas a la recuperación de costes ambientales, que se introducirá a partir de 2010, de acuerdo con la normativa marco.

     Otra de las novedades de la nueva Ley es el establecimiento de un Sistema Nacional de Cartografía de Zonas inundables, que realizarán las CCAA y los organismos de cuenca en un plazo previsiblemente de tres años.

     Se creará una Conferencia Sectorial del Agua, que se complementará con un nuevo Consejo Nacional del Agua, distinto al actual, formado por asociaciones y organizaciones de defensa de intereses ambientales y representantes del mundo científico.

     El borrador establece un Plan de Acción en materia de aguas subterráneas, de tal forma que se dará más competencias y más capacidad de actuación a las comunidades de usuarios.

     Palop explicó que se trata de corregir una problemática que tiene mucho que ver con "un desenfoque legal", que ha generado que el 80 por ciento de esas aguas esté en manos privadas.

     Agregó que, además, existen 450.000 expedientes de aguas subterráneas, cuya tramitación supondrá un coste de entre 15 y 20 millones de euros.

     El representante del Ministerio aseguró que en el borrador "no se hace ninguna referencia a obras hidráulicas concretas ni a trasvases concretos".

     En este sentido, y a preguntas de los periodistas, negó que la ley plantee una reserva de agua de 120 hectómetros para la provincia de Tarragona ni remite a la ley de 1981 que aprobó ese "minitrasvase del Ebro", con el consenso de todas las fuerzas políticas, según recordó Palop.  
 
La Opinión de Murcia 


Amarillo asegura que la política de ahorro de agua "está surtiendo efecto con gran eficacia"

 Partiendo del dato de que el consumo de agua ha crecido más de un 8%, "nosotros hemos disminuido el doble", destaca el director general de Desarrollo Rural, Francisco Amarillo, que asegura que ahora se consume un 70% menos de agua en el campo.

Madrid. 08/03/2007


Así se lo indicó ayer a AGROCOPE el director general de Desarrollo Rural del Ministerio de Agricultura, Francisco Amarillo, que clausuró en Madrid una Jornada Técnica sobre "Restricciones para el regadío: planes de sequía y caudales ecológicos", organizada por la Federación Nacional de Comunidades de Regantes de España (FENACORE).

Y es que el ahorro de agua es una de las prioridades de la política del Gobierno. De hecho, Amarillo subrayó que en la programación de desarrollo rural 2007/2013, una de las medidas de obligado cumplimiento es la eficacia hídrica destinada a ahorrar la mayor cantidad de agua posible en regadíos. "Es una manera nueva de abordar la política de modernización de regadíos", ha señalado.

El objetivo es, según explicó, maximizar la eficacia hídrica en dos aspectos: con el menor agua posible conseguir las mayores producciones y contrarrestar, disminuir, anular y mejorar "muchísimo" los impactos de carácter medioambiental que puedan tener las labores de producción.

"Es una manera nueva de entender la armonía entre las zonas modernizadas y los elementos medioambientales", resaltó Amarrillo, para quien la modernización se tiene que convertir en un elemento de mejora del entorno medioambiental además de abordarse desde la óptica de la diversificación de las fuentes de agua: superficiales, subterráneas, residuales y procedente de la desalación.

A corto plazo, el ministerio todavía tiene que acabar el Plan de Choque de Regadíos en el tiempo previsto, seguir adelante con las obras previstas en el Plan Nacional de Regadíos y abordar las bases para el desarrollo de esta medida de eficacia hídrica, además de, según destacó, diferenciar lo que el sector agrario usa de lo que consume.

Por su parte, tras las jornadas los regantes llegaron a la conclusión de que es necesario incorporar a los planes de sequía estudios socioeconómicos sobre los efectos de su aplicación en el regadío y los diferentes sectores productivos. "Hay que saber qué perjuicio tienen sobre los regadíos las restricciones de caudales y las disminuciones de dotaciones de agua y que se prevean las indemnizaciones correspondientes", resumió a AGROCOPE el secretario general de FENACORE, Juan Valero.

Valero señaló que, aunque a pesar de la sequía que hemos vivido no ha habido restricciones de abastecimiento de poblaciones, sí han existido para las comunidades de regantes de las cuencas más afectadas como el Júcar o el Segura. "Se debe a que los regantes son los primeros que sufren y habrá que compensarlos cuando se haga en beneficio de otros", dictaminó.

Agroprofesional

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